Los próximos días son cruciales para evitar una nueva reforma fiscal, que en esta ocasión afectaría al sector social de México, específicamente a sus Asociaciones Civiles. Éstas son privadas y sin fines de lucro, cuyo fin puede ser social, educativo, cultural o de otro tipo. A nivel nacional, México cuenta con diferentes OSC, académicos y activistas cuyas operaciones se verían comprometidas de ser que aprueben las normativas fiscales discutidas a principios de Septiembre en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Principalmente, el funcionamiento de 400 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se vería perjudicado, en particular para aquellas que cuentan o pretendan contar con la autorización como donataria por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De entrar en vigor las modificaciones propuestas por la SCHP, todas se verían obligadas a cerrar sus puertas.
La normativa que más preocupa es la liquidación forzosa de patrimonio en caso de perder la autorización. Es decir, la disposición determinaría la obligación para las donatarias de deshacerse de su patrimonio al momento de cambiar de residencia para efectos fiscales, por revocación de la autorización para recibir donativos deducibles o cuando la vigencia de dicha autorización haya concluido y no se haya renovado dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente.
Dichos cambios tomaron por sorpresa a las organizaciones civiles quienes no fueron consultadas de manera previa y se encuentran en la mejor disposición de entablar un diálogo y proponer alternativas ante los legisladores este lunes, 17 de octubre.
